Todo lo que se pregunta antes de llamar

Sí. Son treinta minutos en oficina, por videollamada o por teléfono, y no se cobran aunque después usted decida no contratarnos. Si en esa reunión concluimos que no tiene caso, se lo decimos y ahí termina: preferimos perder un cliente a meterlo en un proceso que no iba a ganar.

Depende de la materia y de la complejidad, pero el número se acuerda por escrito antes de empezar y no se mueve durante el proceso. Trabajamos con honorario cerrado dividido en cuotas, no por hora. En reclamos de cobranza también existe la modalidad de porcentaje sobre lo efectivamente recuperado.

En algunos casos de cobranza laboral y civil, sí: se pacta un porcentaje sobre lo que efectivamente se recupere. No aplica a materia penal ni de familia, donde ese esquema está mal visto por razones deontológicas y además no tendría sentido, porque el resultado no se mide en dinero.

Un laboral bajo la NLPT suele tomar entre uno y dos años hasta sentencia de primera instancia. Un familia con audiencia única, entre seis y dieciocho meses. Un civil de cobranza puede pasar de dos años si hay apelación. En la primera reunión le damos un rango realista para su caso concreto, no el mejor escenario posible.

Sí. Cada caso tiene un abogado responsable con nombre, correo y celular directo, y es quien va a las audiencias. Puede haber apoyo de otros miembros del equipo en escritos y diligencias, pero el responsable no cambia salvo que usted lo pida.

Enviamos un informe de avance cada treinta días, además de avisarle apenas ocurre algo relevante: una notificación, una audiencia fijada, una resolución. No hay que llamar para preguntar; si algo se movió, usted se entera el mismo día.

Todo lo que tenga, aunque parezca desordenado o poco importante: contratos, boletas, cartas, notificaciones, capturas de WhatsApp. Es preferible traer de más. Si no tiene nada por escrito, venga igual: en la reunión definimos qué documentos hay que conseguir y cómo.

Depende de dónde se tramite el expediente. Muchas diligencias son virtuales desde la pandemia y las audiencias de la NLPT se hacen por videoconferencia, así que sí atendemos casos de provincia. Cuando hace falta presencia física recurrente en otra corte, se lo decimos de frente y le derivamos con un colega de esa jurisdicción.

Queda protegido por el secreto profesional igual que si nos hubiera contratado. Es una obligación del artículo 289 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima, y no depende de que haya un contrato firmado ni de que se haya pagado algo.

Si hay una detención o una diligencia penal en curso, llame a la guardia penal, que contesta las 24 horas todos los días. Para cualquier otro asunto puede dejar la consulta por WhatsApp y le respondemos al abrir; los plazos legales, salvo el penal, se cuentan en días hábiles.