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Área de práctica
Defensa frente al Estado: municipalidades, Indecopi, SUNAT, OEFA y organismos reguladores. Incluye la vía judicial cuando la administrativa se agota.
Frente al Estado la ventaja del ciudadano casi nunca está en el fondo del asunto, sino en el procedimiento: notificaciones mal practicadas, actas incompletas, resoluciones sin motivar.
Lo primero que pedimos siempre es el cargo con la fecha. Todo el calendario del caso —los cinco días de descargo, los quince de apelación— se cuenta desde ahí, y una notificación defectuosa puede tumbar el procedimiento entero sin discutir el fondo.
Agotada la instancia administrativa queda el proceso contencioso-administrativo. Es más lento, pero es donde se revisan con seriedad las sanciones que la propia entidad ya había decidido confirmar.
Los tiempos son los que vemos en la práctica en Lima. Un caso puede salirse del rango, y cuando eso pasa se lo decimos apenas lo sabemos.
La fecha del cargo define todo el calendario. Es lo primero que revisamos.
Escrito de descargos con las pruebas de la inspección y los vicios del procedimiento.
Reconsideración o apelación según corresponda, hasta agotar la vía administrativa.
Demanda judicial contra la resolución firme, con medida cautelar si hay clausura de por medio.
No sin autorización. Romper los precintos de una clausura es delito de violación de sellos. Lo que sí se puede es pedir una medida cautelar dentro del procedimiento o en la vía judicial para suspender los efectos de la clausura mientras se discute la sanción.
Bastante más de lo que la gente cree. Buena parte de las multas municipales se anulan por defectos del procedimiento: notificaciones mal hechas, actas sin firma, tipificación incorrecta de la infracción o falta de motivación. Vale la pena revisar el expediente antes de pagar.
Es presentar todos los recursos que la entidad admite antes de poder ir al Poder Judicial. Si se salta ese paso, la demanda contencioso-administrativa se declara improcedente. Por eso los plazos de quince días hábiles importan tanto: perderlos cierra también la puerta judicial.
Resultados en esta área
Administrativo y Municipal
2025
S/ 118 000
De multa anulada
Se demostraron defectos en la notificación del acta y errores en la tipificación de la infracción. La multa se anuló en segunda instancia administrativa.
Equipo
El abogado responsable se define en la primera reunión y no cambia durante el proceso salvo que usted lo pida.
La primera consulta
Sin costo y sin compromiso. Si concluimos que no hay caso, se lo decimos en esa misma reunión y ahí termina.
Le respondemos dentro del horario de atención.
Qué se lleva de esa reunión
Se puede hacer
Lima · Sede principal
Av. Santa Cruz 852, oficina 601, Miraflores
Frente al Óvalo Gutiérrez, edificio con fachada de vidrio
Lima Centro
Jr. Camaná 654, oficina 210, Cercado de Lima
A tres cuadras de la Corte Superior de Justicia de Lima
